Leyes antimonopolio y libertad de expresión: un equilibrio delicado

Las leyes antimonopolio están diseñadas para fomentar la competencia prohibiendo monopolios y otras concentraciones empresariales similares, así como prácticas como el pacto de precios asociadas a ellas. Probablemente las leyes antimonopolio federales más famosas sean la Ley Sherman Antimonopolio de 1890 y la Ley Clayton Antimonopolio de 1914. En la industria de los medios de comunicación, las restricciones antimonopolio sobre propiedad interactúan de manera distintiva con el derecho constitucional a la libertad de expresión.

La Primera Enmienda de la Constitución impide limitaciones sobre la libertad de prensa. Este principio ha impulsado la visión de un “mercado de ideas”, en el cual una diversidad de opiniones puede competir por la atención pública y ayudar a mantener una democracia saludable. Si un puñado de personas o entidades controlan la mayoría de los medios, esto podría socavar el mercado de ideas. Por lo tanto, los objetivos de la Primera Enmienda se alinean en cierta medida con los objetivos de la ley antimonopolio. Por ejemplo, en una decisión de 1945 que involucraba a la Associated Press, la Corte Suprema determinó que la Ley Sherman impedía que la AP impusiera límites sobre nuevos miembros y prohibiera a los miembros de la AP vender noticias de la AP a no miembros. La Corte argumentó que este resultado protegía el mercado de ideas.

La mayoría de las personas piensa en la Primera Enmienda como un “escudo” para libertades individuales, como la libertad de expresión. Al aplicar leyes antimonopolio para crear un mercado de ideas, el gobierno podría estar usando la Primera Enmienda como una “espada” que asegura diversidad de opinión, a veces mediante medios artificiales.

Medio siglo después de la decisión sobre la AP, la Corte Suprema revisó un desafío a la exigencia de “carriage” (transmisión obligatoria) en la Ley de Cable de 1992. Esta ley federal exigía que operadores de cable de cierto tamaño (más de 12 canales y 300 suscriptores) asignaran hasta un tercio de sus canales a estaciones de radiodifusión comerciales locales. La Corte respaldó la regla de transmisión obligatoria, encontrando que el gobierno tenía un interés importante en asegurar la diversidad de opinión. Al igual que con la decisión sobre la AP, los jueces disidentes temían que la mayoría hubiera permitido que el gobierno interfiriera con la prensa violando la Primera Enmienda.

Las preocupaciones sobre la concentración de propiedad en los medios han resultado en reglas específicas para esta industria. La Sección 7 de la Ley Clayton generalmente impide que una empresa adquiera o compre acciones de otra empresa si esto reduciría significativamente la competencia. Según la Ley Celler-Kefauver, esta regla aplica incluso si las empresas no son competidores directos. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) se basó en estas leyes antimonopolio con una prohibición de propiedad cruzada que impedía a compañías de medios poseer un periódico diario y una estación de radio o televisión en el mismo mercado. La FCC también limitó la propiedad cruzada de estaciones de radio y televisión en el mismo mercado. Haciendo eco de sus decisiones anteriores, la Corte Suprema encontró que las reglas de propiedad cruzada promovían los objetivos de la Primera Enmienda.

Bajo la Ley de Preservación de Periódicos de 1970, la ley antimonopolio no prohíbe que múltiples periódicos formen un acuerdo operativo conjunto si todos excepto uno de los periódicos enfrenta probable fracaso financiero. Esta ley respondió al declive de la industria periódica después de que la televisión y la radio surgieran para competir por audiencias y anunciantes. Para mantener la diversidad de opinión, sin embargo, los periódicos debían mantener personal editorial separado, incluso mientras compartían propiedad e ingresos publicitarios.

La Ley de Telecomunicaciones de 1996 ordenó a la FCC revisar sus reglas sobre propiedad de medios cada cuatro años. La FCC intentó relajar sus restricciones en 2002 y 2006, pero un tribunal federal anuló las reglas revisadas. En 2017, sin embargo, la FCC revocó las reglas de propiedad cruzada. También se relajaron los límites sobre propiedad de estaciones de televisión locales. La FCC señaló el declive de la industria periódica y la expansión de medios no tradicionales, incluyendo Internet, para explicar su decisión. Aunque un tribunal federal inicialmente eliminó la derogación, la Corte Suprema revirtió unánimemente en abril de 2021 y permitió que las reglas de propiedad cruzada terminaran. Sin embargo, la FCC ha regresado al control demócrata bajo el Presidente Joseph Biden, lo que podría llevar a otro cambio en las reglas.