El cambio climático se ha convertido en uno de los problemas más destacados de nuestro tiempo. El Informe de Riesgos Globales 2019 del Foro Económico Mundial considera el cambio climático y los eventos climáticos extremos como la amenaza más grave para la humanidad en la actualidad.

Aunque la fluctuación climática es un fenómeno que ha existido a lo largo de la historia de la Tierra, hoy está científicamente demostrado que la actividad humana contribuye significativamente a ella. Las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico han provocado aproximadamente 1°C de calentamiento global por encima de los niveles preindustriales. Otro grado más de calentamiento probablemente causará daños irreversibles al mundo tal como lo conocemos hoy.

Sin embargo, el cambio climático no solo afecta a la naturaleza. También transforma la política y el derecho, dando lugar a nuevos tipos de demandas legales. Gobiernos, empresas y directivos de todo el mundo se enfrentan a procesos judiciales que intentan responsabilizarlos por su contribución al cambio climático.

En 1992, la comunidad internacional acordó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), proporcionando un foro para discutir y elaborar una estrategia global para contrarrestar el calentamiento global. Durante décadas, el trabajo de la ONU fue percibido como algo que concernía a los actores estatales, pero sin un impacto real en la economía. Esta percepción ha cambiado.

En el Acuerdo de París de 2015, todos los estados miembros de la ONU acordaron limitar “la temperatura media global a menos de 2°C por encima de los niveles preindustriales” y reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero hacia mediados del siglo.

Llevar las emisiones de CO2 a cero para 2050 es una tarea monumental. Los estados deberán adoptar políticas nacionales de protección climática sin precedentes y transformar industrias completas en negocios respetuosos con el medio ambiente. Por lo tanto, el Acuerdo de París no solo conducirá a nuevas políticas climáticas, sino que también desencadenará una ola de demandas legales.

Actualmente, estados de todo el mundo ya se enfrentan a demandas que cuestionan sus políticas de protección climática insuficientes y la falta de implementación de tratados climáticos internacionales. Estas reclamaciones se basan principalmente en derechos humanos y derecho internacional público.

Los demandantes argumentan que las políticas climáticas de sus gobiernos son insuficientes y, por lo tanto, violan sus derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, la salud y la propiedad.

Las primeras reclamaciones han tenido éxito. En el caso de Urgenda Foundation contra los Países Bajos, los tribunales holandeses ordenaron al gobierno de los Países Bajos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25%. Urgenda Foundation, una ONG ambiental, demandó al gobierno argumentando que su objetivo de reducción climática del 17% era insuficiente. La reclamación se basó en la Convención Europea de Derechos Humanos, la constitución holandesa y un deber no escrito de cuidado derivado del Código Civil Holandés, obligando al gobierno holandés a proteger a sus ciudadanos de los peligros del cambio climático.

En un caso similar en Estados Unidos (Juliana contra Estados Unidos), 21 menores de edad están demandando al gobierno estadounidense alegando que la falta de regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero viola sus derechos fundamentales y la doctrina del fideicomiso público. Esta doctrina establece una tutela estatal de la propiedad común y un deber de mantener la integridad de los recursos naturales del país para las generaciones futuras.

El objetivo de estas y muchas otras reclamaciones similares contra gobiernos en todo el mundo es impulsar el cambio presionando a los actores estatales para que desarrollen e implementen medidas efectivas de protección climática y adaptación.

Otra ola de demandas climáticas se dirige contra empresas petroleras, de gas y energéticas por sus emisiones de dióxido de carbono. Estas demandas son presentadas por individuos así como por entidades estatales. Los demandantes exigen compensación por daños relacionados con el clima y reembolso de gastos por adaptación climática. La base legal de estos casos es el derecho de daños y la responsabilidad por productos.

En Estados Unidos, estas reclamaciones por responsabilidad civil se basan principalmente en las leyes de molestia privada y pública. Los demandantes argumentan que las emisiones de CO2 de las empresas contribuyen al calentamiento global, lo que conduce a eventos climáticos extremos y resulta en daños a la infraestructura pública y a bienes inmuebles de propiedad estatal (molestia privada). A su vez, esto tiene un efecto perjudicial en la salud pública, la seguridad pública y la paz pública (molestia pública).

La mayoría de estos casos también incluyen una acción por negligencia. Al colocar combustibles fósiles en el mercado, las empresas energéticas asumen un deber de cuidado. Este deber consiste en prevenir los efectos dañinos causados por el producto. Según los demandantes, las empresas energéticas no tomaron suficientes medidas para reducir las emisiones y, por lo tanto, son responsables de su contribución al cambio climático.

Un argumento similar se utiliza para establecer responsabilidad estricta por productos. Los demandantes argumentan que el producto vendido (combustibles fósiles) es defectuoso debido a las emisiones de CO2 cuando se usa según su propósito y fue introducido en el mercado a pesar de este conocimiento. Se sostiene que este defecto condujo a un calentamiento global aumentado y a daños presuntos, no solo para los usuarios finales, sino también para transeúntes inocentes. Los demandantes alegan un diseño defectuoso del producto y falta de advertencia a pesar de su conocimiento de ello.

En Alemania, se presentó una demanda climática por un agricultor peruano contra la mayor empresa energética alemana (Lluyia contra RWE). El agricultor sostiene que las emisiones de RWE han contribuido en un 0,47% a las emisiones mundiales antropogénicas de gases de efecto invernadero, lo que ha llevado a un calentamiento global aumentado y al deshielo de los glaciares en los Andes peruanos. El agricultor busca un reembolso porcentual de los gastos necesarios para proteger su hogar contra el desbordamiento del lago glacial.

En otro caso judicial más reciente presentado en los Países Bajos en abril de 2019, una ONG ambiental exige la reducción de gases de efecto invernadero por parte de Royal Dutch Shell y la alineación de las políticas de la empresa con el Acuerdo de París (Friends of the Earth Netherlands y Milieudefensie contra Royal Dutch Shell). Al igual que en el caso Urgenda, la reclamación se basa en la Convención Europea de Derechos Humanos y la constitución holandesa y plantea la cuestión altamente debatida de si los derechos humanos tienen un efecto vinculante sobre particulares.

Hasta ahora, la mayoría de estas demandas aún están pendientes y su éxito queda por ver. Los demandantes se enfrentan a muchos desafíos legales al intentar establecer la responsabilidad climática, especialmente probar la causalidad entre los daños presuntos relacionados con el cambio climático y las emisiones producidas por las empresas.

Establecer la causalidad es muy difícil de lograr, ya que no es la contribución individual de emisiones por sí misma la que conduce a cambios climáticos perjudiciales, sino la acumulación de muchas emisiones de gases de efecto invernadero inseparablemente mezcladas durante un largo período de tiempo por un gran número de actores.

Incluso si los demandantes no logran establecer la causalidad y pierden los casos, estas demandas representan un riesgo reputacional para las empresas que debe considerarse en la evaluación de riesgos corporativos.

Mientras tanto, nuevas estrategias de litigio por individuos y ONGs contra empresas están en auge. En Polonia, una asociación ambiental compró acciones en una empresa energética y demandó a la empresa como accionista desde dentro (Client Earth contra Enea). Alegan que la decisión del Consejo de Administración y del Consejo de Supervisión de construir una nueva central eléctrica de carbón fue una violación de los deberes fiduciarios de cuidado y una infracción del deber de actuar en el mejor interés de la empresa y sus accionistas, debido a los riesgos financieros relacionados con el clima de esa central eléctrica.

Las demandas internas como estas parecen ser una nueva herramienta destinada a impulsar el cambio intraempresarial. Presentadas por accionistas activistas y empleados, tales reclamaciones se dirigen ya sea contra las empresas mismas o contra su alta dirección debido a decisiones de gestión perjudiciales para el clima y a la no divulgación de riesgos empresariales relacionados con el clima.

Este patrón de litigio intraempresarial también es observable en demandas climáticas contra otros actores. Además de las empresas, los inversores en estas empresas y sus proyectos, como bancos, aseguradoras y fondos de pensiones, también están siendo demandados por sus decisiones de inversión presuntamente perjudiciales para el clima y por miembros internos debido a la no divulgación de riesgos relacionados con el clima.

Además, en abril de 2019, el Banco de Inglaterra emitió una declaración de política solicitando a todos los bancos y aseguradoras del Reino Unido abordar sus riesgos financieros derivados del cambio climático y demostrar cómo mitigarán estos riesgos financieros. Esta nueva política conducirá a nuevos riesgos de responsabilidad para bancos y aseguradoras que no cumplan con estas nuevas reglas. También se espera que bancos y aseguradoras sean menos propensos a financiar o asegurar negocios que contribuyan activamente al cambio climático o que sean afectados por él.

La actual ola de litigio climático parece ser solo el comienzo. ONGs con recursos financieros están contratando abogados y especialistas en finanzas para encontrar argumentos legales para combatir el cambio climático en los tribunales.

Muchas demandas futuras ya han sido anunciadas en los medios de comunicación. París, Londres, la Ciudad de Victoria y el estado insular del Pacífico de Vanuatu están actualmente revisando sus opciones legales para demandar a empresas de combustibles fósiles con el objetivo de trasladar los costos de la protección climática. El gobierno de Filipinas está investigando el impacto del cambio climático en los derechos humanos de la población filipina y el papel que desempeñan las empresas de combustibles fósiles en este contexto.

En conjunto, el espectro de demandas presentadas como parte del litigio climático verá involucrados a más actores e industrias. Se anticipan desarrollos amplios en la litigación sobre el cambio climático.

En este clima cambiante, cada empresa debería considerar su posición y buscar estrategias para adaptarse o adoptar medidas de gestión de riesgos apropiadas.